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| Cuando las repúblicas no maduran por su propia evolución interna y equilibrio de poderes, suelen tener tres destinos: pastan en el abandono y el atraso de las grandes desigualdades sociales, caen en torbellinos inacabables de violencia y desestabilización, o potencias internacionales se encargan de imponer el orden y tutelar la formación de su régimen político.
La maduración de las repúblicas en la región fue en el siglo XX, pero en el XIX se sentaron las bases del sistema. México es el caso de edificación institucional durante el siglo pasado. Guatemala es un ejemplo de limitada maduración e inalcanzable equilibrio de poderes, que se pierde durante casi todo el siglo XX en torbellinos de violencia e inestabilidad. Y por geopolítica y ser fuente de inseguridad internacional, es ineludible la intervención en este nuevo siglo.
Concluyó la Guerra Fría y aquí seguimos de largo. Han intervenido poderes extranjeros procurando –sin éxito hasta ahora– equilibrar poderes internos. En la década de 1990 ese poder invasor, legítimo, de Naciones Unidas (Relator de los DDHH, Minugua), fue para contener el abuso de la fuerza militar. Una década más tarde sirvió para controlar los daños de la oligarquía, convertida en poder hegemónico y desestabilizador. Ahora es para contener el crimen organizado transnacional, donde se funden varios de los poderes anteriores, y las lanzas de contención son las agencias de seguridad de los EE.UU. y la CICIG.
El rol del Ejército en esa historia de ejercicio de soberanía nacional, ha sido controversial y, a todas luces, no es unívoco. Desde la segunda mitad del siglo XX hubo desgarres serios. Justamente allí se localiza la chispa que incendió la pradera a partir de la década de 1960. Al final del día la insuficiencia de mecanismos internos para procesar los problemas de toda índole –incluyendo por supuesto los políticos– es un fruto de poderes internos desequilibrados y desbocados.
La brutalidad y la transgresión se vuelven efecto y causa del bloqueo del Estado de Derecho, o sea, de la ausencia de universalidad de la ley, que significa la aplicación de una ley justa, que nos trata como iguales y no dependiendo de las condiciones personales de cada cual: la condición de una ley que se acata y de un orden estable y progresivo porque ofrece oportunidades a los excluidos.
Las amenazas cambiaron de etiqueta y traspasaron el siglo: comunismo, Estado capturado, mafias transnacionales. Ahora empieza una reivindicación necesaria de los márgenes de autonomía en la estrategia antinarcóticos. Pero es una apuesta que puede acabar mal si se finca sobre terreno inseguro. Y la única manera de soldar el terreno es cerrando la brecha histórica de Estado de Derecho. Estado que se hace respetar, es porque se respeta a sí mismo.
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